Por: Mtra. Yolanda Zamora Ramírez
El miércoles 31 de agosto, se presentó en la Cámara de Diputados el paquete de modificaciones legislativas con las que el presidente López Obrador pretende adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para volver de jure lo que ya sucede de facto.
En la exposición de motivos, el presidente argumenta que con la incorporación de la Guardia a la SEDENA “no se pretende militarizar al país “, como han advertido
“El propósito final de esta iniciativa no es militarizar al país o implementar autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la SEDENA el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México. Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”, refiere.
Sin embargo, lo anterior contrasta con lo que establece el artículo 21 Constitucional que establece:” La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 21, párrafo noveno, establece que la segundad pública es una función primaría del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del orden público y la paz social”
Para tal propósito, la Federación cuenta con la Guardia Nacional, institución policial de carácter civil adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, la cual rige su actuación fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos, que fue creada el 26 de marzo del 2019.
¿Que propone la iniciativa?
Dar a la SEDENA todo el control de la Guardia Nacional. La esencia de la iniciativa es transferir el control operativo, financiero y administrativo de la corporación que hoy está a cargo de la secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se propone reconocer como personal en activo del Ejército y Fuerza Aérea a quienes fueron asignados a la Guardia Nacional, a fin de que se mantenga sujeto al fuero militar para efectos disciplinarios y de que conserve su antigüedad y prestaciones sociales.
De los 113,833 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el país, 73,805 (65%) provienen de la Sedena, 16,792 (15%) y 23,236 (20%) de la extinta Policía Federal.
Números fríos:
De acuerdo con el INEGI en 2020 ocurrieron un total de 36,773 homicidios, según el SESNSP los delincuentes terminaron con la vida de un total 34,555 víctimas por medio de homicidios dolosos. Esto significa que la tasa de homicidios en México fue de 29 por 100,000 habitantes usando las cifras del INEGI.
En el puntaje de criminalidad México tiene 7.57 puntos, lo que lo ubica en el segundo lugar de los 35 en América
De acuerdo con la ENVIPE 2021, los delitos con mayor cifra negra son el secuestro (98.6%), la extorsión (97.9%), el fraude (96.7%), el robo parcial de vehículo (94.4%), el robo o asalto en calle o transporte público (94.4%) y el robo a casa habitación (90.6%).
Lo anterior revela que el índice de violencia y comisión de delitos NO han disminuido, por lo contrario se han visto aumentado, además que los múltiples antecedentes que han mostrado que no es viable que el Ejercito lleve a cabo acciones de seguridad pública, porque no cuenta con las herramientas necesarias de protección de los Derechos Humanos y prevención del delito, que originalmente corresponden a las policías locales y municipales.
Muestra de esto lo es los casos en que se ha condenado históricamente al Ejercito en materia de seguridad pública, consistentes en detenciones ilegales, desaparición de personas (Caso Rosendo Radilla Pacheco), Caso Acteal (matanza Acteal) donde fueron muertos 45 indígenas entre hombres, mujeres y niños, Caso Inés Fernández Ortega ( mujer guerrerense violada por miembros del Ejercito) y recientemente el Caso Ayotzinapa, en que se ven involucrados militares.
Incluso actualmente se ven en labores de administración de aeropuertos, aduanas, servicios médicos, hasta slogan publicitarios de la campaña del Ejecutivo Federal.
Esto no es sano ni viable para el país donde en caso de violaciones a los Derechos Fundamentales hacia los ciudadanos incurrirán en acciones en que el Estado Mexicano pueda ser condenado por violar los Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado, la sanción es monetaria que sale del gasto público y al final pagamos los ciudadanos.
Conclusión:
Finalizó señalando la frase de Francisco I Madero, en su libro “La Sucesión Presidencial en 1910” donde manifiesta “El militarismo es la causa directa de la situación en que nos encontramos“ Y al final lo mato un militar
Ya bien lo decía Benito Juárez en su política pública “Ni los militares ni los clérigos gocen de privilegios“
Los militares deben tener control estricto además de estar supeditados a un orden civil y legalmente establecido.
Aunado, a que la Constitución nuestro máximo ordenamiento legal señala en su artículo 129: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”